Reclamamos a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias un protocolo de atención a docentes agredidos “exento de burocracia”. Aplaudimos que la Administración haya aprobado una normativa que incluye asistencia jurídica y psicológica al profesorado que sufre alguna situación de conflictividad en las aulas, pero exigimos simplificación administrativa para que no pierda su eficacia.
Desde 2008 llevamos reclamando que se ponga en marcha este protocolo en el Archipiélago. Fue ese año cuando se creó EL DEFENSOR DEL PROFESOR, un servicio de atención psicológica y jurídica al profesorado víctima de agresiones o acoso en el ejercicio de su actividad docente. Desde entonces, desde ANPE hemos asesorado y acompañado al personal docente afectado por problemas de conflictividad escolar en 1.696 casos de violencia y/o acoso.
Fruto de la presión ejercida, la Administración ha publicado recientemente un protocolo que incluye atención psicológica y jurídica al profesorado que se ve envuelto en estas situaciones. Es una buena noticia que en el nuevo protocolo la actuación de la Administración no concluya una vez que se ponen los hechos en conocimiento de la Fiscalía, como ocurría hasta ahora, pero en ANPE consideramos que el protocolo debe simplificarse, de forma que el profesorado pueda acceder a la asistencia prevista de manera ágil. Para ello, proponemos que se habilite un servicio telefónico disponible para el profesorado afectado y que se permita acceder a los recursos sin necesidad de cumplimentar los trámites previstos en la actualidad.
Entendemos que debería existir un teléfono en cada provincia al que los docentes puedan llamar cuando se encuentran viviendo una situación de este tipo. Pero ahora mismo se exige que el docente, que muchas veces se encuentra en estado de shock o no sabe cómo actuar, cumplimente una serie de pasos que, en vez de ayudar, desincentivan que se haga.
Según la orden en la que se basa el protocolo de asistencia jurídica y psicológica, el docente que sea víctima de una agresión física debe acudir al servicio de urgencias y requerir un parte de lesiones, formalizar una denuncia designando los posibles testigos y entregar la documentación al director para iniciar así todo el procedimiento. Esa fórmula es incompatible con la realidad que experimentan estos docentes, que muchas veces tienen dudas acerca de si actuar o no.
ANPE, tras caso 15 años atendiendo a docentes agredidos, entiende que es fundamental aminorar los trámites administrativos para acceder a los recursos de atención del profesorado, puesto que no hacerlo mermaría su utilidad.
