Después de ocho años batallando para derogar el Decreto 74/2010, que regula la ordenación de las listas de empleo docente en la Comunidad Autónoma, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha cedido a la presión incansable de nuestro sindicato y de la mayoría de organizaciones y ha aceptado sustituir esta normativa por otra más justa. Su anulación supone una conquista histórica en nuestro Archipiélago que permitirá garantizar la estabilidad laboral de miles de interinos.
Desde que en 2010 se aprobara el nuevo sistema de listas, nuestro sindicato ha puesto todos sus esfuerzos en acabar con una regulación que amenazaba con dejar en la calle a cientos de profesionales con años de servicio en la enseñanza pública. Nuestra pretensión última ha sido siempre abolir este modelo y dar fijeza laboral a los docentes con experiencia, sin boicotear las legítimas aspiraciones de los nuevos docentes de incorporarse al sistema público.
La postura que ha defendido ANPE Canarias desde el principio, junto con el resto de sindicatos, ha sido poner en marcha un sistema compuesto por dos listas: la primera integrada por los docentes con al menos un día trabajado y la segunda con el resto de profesionales. Además, propusimos incluir al final de la primera a los aprobados sin plaza. Sin embargo, como ocurre en toda negociación, nuestro sindicato no ha conseguido que el Gobierno satisfaga la totalidad de sus aspiraciones, pero, en cambio, sí ha garantizado un buen acuerdo.
El único modelo que ha planteado la Administración Educativa a cambio de derogar el Decreto 74/2010 es un sistema compuesto también por dos listas, pero la primera integrada por todos los docentes con tres años o más, reordenados por experiencia -pero sin límite de años- y nota de oposición; y la segunda compuesta por el resto de interinos con menos de tres años trabajados, ordenados también por años de servicio y calificación en las oposiciones.
Esta no es nuestra propuesta, pero es la única forma de evitar la reordenación en los términos que planteaba el Decreto 74/2010 (la oposición y la experiencia valían lo mismo). La Consejería ha advertido, además, de que es la única vía legal que podría evitar la aplicación de esta normativa, cuya aplicación ya sufrimos los docentes canarios. El Estatuto Básico del Empleado Público y diferentes sentencias conceden a los interinos que ocupan la misma vacante durante tres años o más la opción de convertirse en laborables continuos. Sin embargo, la opción defendida unánimemente por los sindicatos no tiene respaldo jurídico, es decir, su implantación iría en contra de la ley y sería fácilmente recurrible, lo que dejaría en la calle a miles de interinos.
Estamos convencidos de que el paso dado hoy es un paso de gigante, que acaba con un estado de incertidumbre que se ha dilatado durante demasiados años y que, de no ponerle fin, estaba abocado a terminar en los tribunales con un desenlace durísimo para los interinos que durante tantos años han sostenido nuestro sistema público de enseñanza. De esta forma, construimos un sistema dentro de los márgenes de la legalidad que, además, protege a este colectivo y permite la entrada de los jóvenes que salgan de la universidad con la vocación de enseñar a las nuevas generaciones.