La disminución de las ratios alumno-profesor, la reducción del horario lectivo del Cuerpo de Maestros a 23 horas semanales y aligerar la carga burocrática que soportan los docentes en los centros son tres de los retos irrenunciables que plantearemos a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno regional en los distintos órganos de negociación.
El sistema público de enseñanza arrastra un déficit histórico de docentes que ha hecho que Canarias esté siempre a la cola en el número de alumnos por profesor en equivalente a tiempo completo. Según la edición de 2019 del informe Sistema Estatal de Indicadores de la Educación (elaborado con datos de 2016-2017), en los centros públicos de las Islas hay 12,2 alumnos por docente frente a los 11,5 de media estatal. De hecho, sólo Cataluña, Andalucía y Madrid, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no tienen las competencias transferidas, obtienen peores resultados; es decir, estamos entre las cuatro con menos recursos proporcionalmente. En el lado opuesto, como territorios modélicos, se sitúan Galicia, con 9,2 alumnos por docente, y Extremadura, con 9,6.
Además, al hecho de estar a la cola de las comunidades autónomas se une la involución que hemos experimentado en los últimos años. Según este mismo informe, en el curso 2007/2008 había 11 alumnos por profesor en los centros públicos y ya entonces estábamos entre los territorios con peores resultados, lo que significa que no solo no mejoramos, sino que empeoramos.
Si la ratio alumno-profesor se analiza sólo por grupo educativo -una medida que, en nuestra opinión no ofrece una radiografía real de la responsabilidad que asume cada docente, que puede tener varios grupos, proyectos o responsabilidades administrativas-, también se observa que Canarias está por encima de la media nacional en etapas cruciales, como Infantil y Bachillerato, donde cada docente tiene a su cargo a 18,5 alumnos y 27,9, respectivamente. En cambio, el promedio estatal está en 17,9 en Infantil y en 26,3 en Bachillerato.
Para atajar este problema, consideramos que la Consejería debe hacer una verdadera apuesta económica por la enseñanza pública, que pasa por avanzar en el cumplimiento de la Ley Canaria de Educación, aprobada por el Parlamento autonómico a instancias de una iniciativa legislativa popular, y que establece que Canarias deberá invertir en 2022 el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en Educación, cifra que queda aún muy lejos de ser real. Las últimas estimaciones disponibles sugieren que, a pesar del crecimiento de los presupuestos educativos, la inversión en la comunidad autónoma es inferior al 4%, lo que pone de manifiesto el enorme reto que tiene por delante el equipo que acaba de tomar las riendas de la Consejería.
En este contexto, uno de los objetivos ineludibles para nosotros es mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. La recuperación del horario lectivo de las 18 horas para el profesorado de Secundaria este curso ha supuesto un indudable avance para la educación canaria, pero consideramos que también ha de extenderse al resto de profesionales de la enseñanza.
Todos estos avances en la cantidad de recursos humanos y en las condiciones en las que prestan sus servicios deben venir acompañados de una reducción de la carga burocrática que soportan a diario los docentes. Por este motivo, nuestro sindicato presentará sus propuestas a la Consejería para que las tenga en consideración a la hora de implementar un plan en este sentido, iniciativa que ya hemos anunciado públicamente y que responde a reivindicaciones que llevamos años reclamando.