Tras escuchar la información facilitada por el Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de hoy, queremos salir al paso de cualquier campaña de alarma o desinformación dirigida al profesorado, ratificando los argumentos que avalan la completa legalidad de un pago que en estos momentos quiere cuestionar el Gobierno del Estado.
Nuestro sindicato, precisamente por su reconocida independencia de los partidos políticos, puede permitirse hablar alto y claro en esta grave controversia que parece enfrentar ahora a nuestros dos Gobiernos. Cualquier persona que posea unos mínimos conocimientos administrativos sabe distinguir perfectamente entre los conceptos de sueldo, que está constituido por las retribuciones básicas que percibe un funcionario, y de complemento retributivo, como sucede con el complemento por formación continua, que cobran desde hace muchos años todos los docentes en España.
Entendemos que cuando el Gobierno del Estado establece para determinado ejercicio económico un tope máximo de subida salarial aplicable a todos los empleados públicos, se refiere a sus retribuciones básicas, pero no a las complementarias; en este caso, además de tratarse del simple reconocimiento administrativo de los sexenios perfeccionados por los docentes a lo largo de su trayectoria profesional y su posterior abono en la nómina, el tope salarial fijado por el Estado se adoptó con posterioridad al Acuerdo del Gobierno de Canarias.
Criticamos con dureza la postura del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ya que, consideramos que tiene sobrada información de que en el resto de España todos los docentes no universitarios cobran desde hace años este mismo complemento retributivo, que conseguimos recuperar para el profesorado de Canarias gracias al Acuerdo alcanzado en el año 2017, y que, además, plantea un horizonte de cinco años, hasta 2022, para lograr de manera gradual la equiparación del importe final de los sexenios con la media estatal.
Estaremos alerta sobre la dirección que toman estas anunciadas conversaciones para buscar una salida consensuada entre el Estado y Canarias, dentro de la Comisión Gubernamental Bilateral que ahora se crea porque no vamos a permitir que se cuestione la vigencia de ninguna de las medidas incluidas en nuestro Acuerdo ni, por supuesto, que se pretenda tomar el pelo a todo el profesorado de Canarias, como defenderemos en la Mesa Sectorial de Educación convocada para el próximo miércoles.