La Junta de Personal Docente No Universitario de Santa Cruz de Tenerife aprobó en su sesión plenaria celebrada el viernes 24 de octubre diversas resoluciones en las que insta a la Consejería de Educación, al Gobierno autónomo en su conjunto y al Parlamento de Canarias a abordar de manera urgente diversas cuestiones que afectan tanto a la calidad del sistema educativo como a las condiciones laborales del profesorado.
Entre las demandas prioritarias, la Junta recuerda que la Ley Canaria de Educación no Universitaria establece la obligación de alcanzar una inversión educativa mínima equivalente al 5% del PIB del Archipiélago, objetivo que debía cumplirse en 2022 y que sigue sin alcanzarse. El órgano reclama al Gobierno y al Parlamento de Canarias que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 incorporen ese nivel de financiación, necesario para garantizar los recursos humanos y materiales que requiere la enseñanza pública.
El pleno aprobó también una resolución en la que lamenta que el Protocolo de intervención ante riesgo suicida en instituciones educativas no haya sido aún objeto de negociación con la representación del profesorado, pese a las reiteradas solicitudes de las organizaciones sindicales. La Junta advierte que dicho protocolo atribuye al personal docente funciones que exceden su ámbito profesional, y exige que se negocie de forma urgente con los representantes del profesorado.
Asimismo, la Junta insiste en la necesidad de modificar las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros públicos, que este curso no contaron con el apoyo de ninguna organización sindical. El órgano plantea, entre otros aspectos, que se garantice la reducción horaria para el profesorado mayor de 59 años, se incrementen las horas para el desempeño de las jefaturas de departamento y para la atención al alumnado con necesidades específicas, y se reconozcan los servicios desde el 1 de septiembre para quienes se encuentren de baja por maternidad, paternidad o embarazo de riesgo.
Durante la sesión plenaria se abordó también la insuficiencia del protocolo de actuación ante situaciones de altas temperaturas, evidenciada en la ola de calor registrada el pasado mes de septiembre. La Junta reclama que sea la propia Consejería, y no las direcciones de los centros educativos, quien deba activar el protocolo y adoptar las decisiones de mayor alcance, como la suspensión de la actividad lectiva presencial, así como que el documento sea negociado con las organizaciones sindicales, dado que afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado.
El órgano aprobó además una resolución en la que muestra su preocupación por la insuficiente dotación de materiales, equipamientos y recursos específicos necesarios para el adecuado desarrollo de los módulos profesionales de FP, especialmente en los ciclos de nueva implantación y en los nuevos centros integrados de Formación Profesional (CIFP) de islas no capitalinas, donde hay problemas de infraestructuras y falta de espacios. La Junta de Personal Docente insta a la Viceconsejería de FP a realizar una revisión integral del estado de la dotación de materiales y equipamientos en los ciclos formativos de la red pública, priorizando aquellos de reciente creación o en proceso de implantación. Asimismo, solicita que se habilite una partida presupuestaria específica y suficiente para la adquisición del material técnico y didáctico necesario.
Asimismo, la Junta plantea la necesidad de establecer un sistema de jubilación anticipada que permita el retiro de todos los docentes con 60 años de edad y 30 años de servicios, considerando las condiciones propias de la profesión y la actual situación de desigualdad entre quienes pueden acogerse a ello y quienes no.
Otra de las resoluciones aprobadas hace referencia a las deficiencias detectadas en los nombramientos docentes del mes de septiembre, que cada año provocan desajustes al inicio del curso. La Junta de Personal propone modificar el sistema para asegurar un procedimiento más transparente y equitativo, estableciendo fechas concretas de adjudicación, publicando las vacantes con antelación suficiente y negociando instrucciones claras sobre los nombramientos posteriores a la adjudicación de destinos.
En relación con la Formación Profesional Dual, el órgano de representación docente advierte que persisten disfunciones en la organización y el funcionamiento de esta nueva modalidad, y reclama a la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales una revisión exhaustiva del cumplimiento de las instrucciones vigentes y una actuación ágil para corregir las deficiencias detectadas.
Por otra parte, el pleno denunció la falta de una normativa específica para las enseñanzas artísticas y las deficiencias existentes en la relación con las empresas colaboradoras en las prácticas. En este sentido, solicita una regulación clara y actualizada que garantice el correcto desarrollo de estas enseñanzas y los derechos de su profesorado.
Por último, la Junta manifestó su malestar por la falta de respuesta de la Administración a las resoluciones remitidas tras los plenos anteriores, y reclama que las propuestas de este órgano de representación sean tenidas en cuenta y respondidas oficialmente por la Consejería de Educación.