Desde ANPE Canarias, hemos pedido pide a la Consejería de Educación que empiece “cuanto antes” a abordar junto a la representación del profesorado las principales necesidades educativas del Archipiélago. Ante el inicio del curso 2023-2024, instamos también a la Administración a acordar medidas “desde ya” para afrontar los temas más urgentes.
Nuestro presidente autonómico, Pedro Crespo, afirma que “no hay tiempo que perder para comenzar las negociaciones sobre asuntos clave para el sistema público de enseñanza de las Islas, con el aumento de la financiación hasta alcanzar el mínimo legal del 5% del PIB del Archipiélago y la continuación del descenso de las ratios alumnado-docente como objetivos primordiales”.
Respecto a las cuestiones que deben ser encaradas con especial premura por el departamento dirigido por Poli Suárez, destaca la necesidad de “concretar el desarrollo de los procesos de estabilización en marcha, comenzar a solucionar los problemas que generan las aplicaciones informáticas de la Administración y aligerar la carga de tareas administrativas que recae sobre el profesorado”.
En cuanto a las incidencias de este comienzo de curso, lamentamos la falta de previsión de la Administración en la implantación del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años), que ha llevado a que casi la mitad de las aulas que se iban a incorporar en 2023-2024 finalmente no lo vayan a hacer, a pesar de contar con profesorado contratado y con el alumnado matriculado. En este sentido, instamos a la Consejería a empezar a planificar ya el próximo año lectivo, con el fin de que las obras necesarias se puedan licitar con tiempo suficiente.
Los procedimientos de estabilización del personal interino preocupan también a nuestro sindicato. Es fundamental que la Administración consensúe tanto las fechas de publicación de la baremación del concurso de méritos como las de las pruebas del concurso-oposición. A nuestro juicio, deben tenerse en cuenta los datos de otras comunidades autónomas para descargar de aspirantes los procesos de Canarias y permitir obtener plaza a muchos más docentes que ya están trabajando interinamente en las Islas. Asimismo, insistimos en la necesidad de buscar vías para que el profesorado interino que no logre plaza no se quede sin empleo.
En relación con las herramientas y aplicaciones informáticas de la Consejería, en ANPE Canarias reclamamos una apuesta decidida al Gobierno autónomo por mejorarlas de manera integral, pero también medidas a corto plazo para paliar los constantes problemas que ocasionan al profesorado, a las familias y al propio alumnado a la hora de acceder a un procedimiento, solicitar una beca o asistir a un aula virtual, entre otros casos. Para ello, hay que mirar a otras comunidades autónomas, preguntarse por qué en ellas no ocurre lo mismo y actuar en consecuencia.
Reuniones ‘online’, financiación e infraestructuras
Los problemas informáticos se solapan con otros que también suponen un desgaste de tiempo y esfuerzo para el personal docente, como el empeño de la Administración en no permitir reuniones telemáticas de los equipos educativos o el exceso de labores burocráticas. Desde ANPE hemos propuesto reiteradamente a Educación acciones que permitirían reducir el volumen de tareas administrativas del profesorado, pero hasta el momento no se han atendido.
En todo caso, la cuestión de la financiación es central para ANPE Canarias, ya que incrementarla en el ámbito educativo hasta llegar al menos al 5% del PIB de las Islas, como marca la Ley Canaria de Educación, permitiría afrontar numerosos retos, desde el aumento de plantillas y la reducción de ratios hasta la implementación de un plan de infraestructuras realista y ajustado a las necesidades del sistema educativo. Sobre este último punto, recalcamos que es necesario ampliar y renovar los centros existentes y construir otros nuevos, ya que hay colegios e institutos obsoletos y masificados, además de seguir acabando con los barracones y los techos de amianto y habilitando zonas de sombra en los patios.
También es fundamental que desde la Administración se pongan medios y esfuerzos para poner en valor la función docente, algo que se ha venido dejando de lado. Reclamamos la puesta en marcha de campañas de reconocimiento de la figura del enseñante ante la sociedad, la simplificación de los mecanismos de atención al profesorado víctima de agresiones y la negociación de un estatuto docente que contribuya a avanzar en la dignificación de la profesión.