ANPE reclama que la vacunación de los niños se lleve a cabo preferentemente en instalaciones sanitarias o habilitadas para ello y no en los centros educativos. Desde el punto de vista logístico es más oportuno que la inmunización de los menores de 5 a 11 años se realice en espacios acondicionados para ello, tal como se ha hecho con el resto de la población.
Este procedimiento debe estar liderado y gestionado en su totalidad por personal sanitario y, además, ha de realizarse en espacios preparados para ello. No obstante, en el caso de que sea indispensable recurrir a las instalaciones educativas, la vacunación nunca deberá coincidir con la jornada escolar y los padres o tutores legales tendrán que estar presentes ante la posibilidad de que se produzca cualquier reacción o efecto adverso.
Si la vacunación se acometiese en centros educativos, el procedimiento exigiría contar con autorizaciones de todas las familias en tiempo y forma, algo complejo de gestionar, más aún en centros con una matrícula elevada. No hay que olvidar, asimismo, que puede haber conflictos con estas autorizaciones en familias con progenitores separados, lo que ocasionaría problemas añadidos para el colectivo docente. Entendemos que bajo ningún concepto un centro educativo debe encargarse de gestionar los permisos de vacunación, es un tema extremadamente delicado del que deben encargarse las autoridades sanitarias.
La Comisión de Salud Pública reunida esta semana en Madrid acordó iniciar la vacunación contra la COVID-19 a niños de entre los 5 y 11 años a partir del próximo día 15 de diciembre. En España hay censados unos 3,3 millones de niños de esa franja de edad que son susceptibles de recibir la protección frente a la COVID-19. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció, una vez comunicada esta decisión, que cada comunidad autónoma deberá decidir cómo y dónde lleva a cabo la vacunación, esto es, si se hace en centros educativos, hospitales, centros de salud o vacunódromos.
Por otro lado, desde ANPE tememos que los alumnos que no se vacunen puedan ser estigmatizados por este hecho y ello derive en problemas entre los compañeros de aula y las propias familias. Acometer la vacunación en los centros educativos no garantiza la confidencialidad de la inmunización y puede dar lugar a situaciones complicadas de gestionar por el profesorado.
Asimismo, según han sugerido las autoridades sanitarias, la inmunización de este colectivo debe establecerse en función de las patologías que presenten los alumnos y alumnas y su vulnerabilidad ante la enfermedad, una priorización que también corresponde fijar al personal sanitario.
Esta suma de factores hace que nuestro sindicato reclame al Gobierno central y a los autonómicos que organicen de forma rigurosa y segura la vacunación del colectivo infantil, siempre garantizando la igualdad en todas las autonomías.