Celebramos que la Consejería de Educación haya convocado para el próximo lunes a todos los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial para comenzar a negociar el borrador de la orden que regulará la asistencia jurídica y psicológica gratuitas, por parte de la Administración Educativa, al profesorado agredido en el ejercicio de sus funciones docentes.
Después de varios años insistiendo en todos los foros, en diciembre de 2017 reclamamos, con la aprobación unánime del Parlamento, que la dura labor realizada (1.286 denuncias atendidas en diez años) por nuestro servicio de El Defensor del Profesor debía ser asumida por la Consejería, y han tenido que pasar dos años sin avances tangibles, hasta hoy.
En noviembre de 2018, presentamos la Memoria de El Defensor del Profesor 2017/2018, con 147 casos de intervención directa del servicio ante todo tipo de agresiones a docentes en Canarias, frente a los 155 del curso anterior, distribuyéndose así: 75 casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Su distribución por los diferentes niveles de enseñanza arrojó las siguientes cifras: 12 casos en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, uno en ciclos formativos y otro en el resto de enseñanzas.
Como dato importante por tercer curso consecutivo, las nuevas tecnologías se han erigido como el principal método de actuación para organizar acciones agresivas contra los docentes, llegando a 29 las denuncias de esta tipología en el período 2017/2018 y generando estados de opinión nocivos para la autoridad del profesorado en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Además, el curso pasado se dieron varios casos de agresiones reiteradas, con sanciones que en muchas ocasiones no superaron los 100 euros, una peligrosa situación que creemos que debe atajarse cuanto antes.
Algunos de los problemas que favorecen esta violencia, según han detectado los dos responsables de El Defensor del Profesor en Canarias (Domingo Rodríguez y Bernardo Huerga), estriban en las elevadas ratios, las escasas plantillas docentes y las insuficientes medidas de atención a la diversidad, sin olvidarnos del creciente número de familias desestructuradas, el aumento de la violencia de género en la adolescencia y la necesidad de un lenguaje correcto respecto a las nuevas tecnologías que esta larga crisis económica y de valores está generando en la sociedad isleña, cuyas derivaciones se reflejan en las aulas con un efecto multiplicador sobre los problemas surgidos.
Por último, debemos subrayar que, gracias nuestro bagaje en la lucha contra la violencia en las aulas y a la defensa permanente del profesorado, contamos con mucha información y una dilatada experiencia para aportar propuestas y medidas concretas, que esperamos atienda la Administración, las analice y las incorpore al borrador de la orden, cuya negociación iniciaremos la próxima semana.