Los compañeros de ANPE Canarias hemos denunciado hoy ante la Administración el retraso en la publicación de los nuevos currículos educativos.
Hemos aprovechado la convocatoria de una reunión para seguir negociando el acuerdo marco de plantillas para criticar la actuación de la Administración, que a lo largo del día de hoy -cuando muchos docentes ya no están en los centros- ha remitido un comunicado desde la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad en el que informa de que prevé que los currículos de Infantil y Primaria estén publicados a principios de curso y los de Secundaria a lo largo del primer trimestre del curso.
Desde ANPE llevamos meses reclamando insistentemente que se aprueben los currículos que deben entrar en vigor el próximo curso. Este retraso, además de generar problemas al profesorado en la organización y programación de sus materias, supone un incumplimiento de la legalidad. El calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE), determina que, en el próximo curso académico 2022/2023 deben entrar en vigor las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y los objetivos de las etapas en los cursos siguientes:
• Educación Infantil.
• Educación Primaria: cursos primero, tercero y quinto.
• Educación Secundaria Obligatoria: cursos primero y tercero y primer año del Programa de Diversificación Curricular.
• Bachillerato: primer curso.
En la comunicación enviada hoy a los centros se detalla en qué fase se encuentra cada currículo -la mayoría en consulta pública para que la ciudadanía haga aportaciones- y se invita a la comunidad educativa a consultar los borradores en la web de la Consejería.
Estamos cansados de todos los cambios normativos a los que se tiene que someter la educación, siempre al vaivén del partido que gobierne a nivel estatal. Estas modificaciones constantes y la ausencia de un pacto en materia educativa lastran nuestro sistema de enseñanza. No obstante, dicho esto, entendemos que cuando se aprueba una ley debe garantizarse que los docentes pueden cumplir con lo que se dicta en ellas. No podemos, además de soportar los numerosos cambios legislativos, trabajar en este escenario de inseguridad jurídica.