El Gobierno quiere acelerar los plazos para conseguir la aprobación de la LOMLOE lo antes posible. Desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros diera luz verde a su proyecto de nueva ley educativa, con una tramitación de urgencia, ha vetado en todo momento la participación a la comunidad educativa, algo que hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde ANPE.
A la urgencia y a la falta de diálogo en la tramitación de la ley hay que unir la gran preocupación e incertidumbre que genera la adopción de medidas que ahondan cada vez más en la desvertebración educativa. Una de ellas es la devaluación de los títulos que como consecuencia inmediata rebaja el mérito. El RD-Ley 31/2020 por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria recoge explícitamente que la promoción y titulación no quedará supeditada a la existencia de materias suspensas. Además, la responsabilidad de modificar la regulación de los criterios de promoción y titulación se traslada a las comunidades autónomas y en última instancia a los centros y equipos docentes. Esto produce una vulneración del principio de igualdad de oportunidades del alumnado que, en función de su lugar de residencia, podrá contar con condiciones distintas de promoción y titulación. Esta decisión agravaría la brecha ya existente entre las Comunidades Autónomas.
En la misma línea se encuentra la pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común que corresponde definir al Estado. En el trámite parlamentario se pretende modificar y dar más competencias a las comunidades autónomas; incluso en alguna enmienda se plantea rebajar al 50% la competencia del Estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías.
Por último, en nuestra opinión, la enmienda pactada en el que el castellano deja de ser lengua vehicular en toda España es un error enorme. El castellano es la lengua oficial de todos los españoles, un derecho básico y fundamental, por lo que el Gobierno de España debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos. La desaparición del castellano como lengua vehicular afecta también al carácter estatal de los cuerpos docentes.
Si se llega a imponer esta medida en la ley, confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan inmediatamente ante el Tribunal Constitucional.
Se trata de un proyecto de ley que va a nacer de la imposición, sin consenso, sin diálogo y sin negociación con la comunidad educativa y con sus legítimos representantes. Una ley que parece más ser una moneda de cambio para otros asuntos de la gobernabilidad de España y que no responde a la necesidad de que la Educación sea una verdadera prioridad política y social.