Desde ANPE Canarias denunciamos la falta de negociación de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias hacia los sindicatos. La Administración ha fijado instrucciones del próximo curso a espaldas de los representantes del profesorado, lo que supone un incumplimiento de la normativa vigente.
Las directrices para la impartición de las materias de la ESO y del Bachillerato, publicadas el viernes pasado, no contienen, a priori, ninguna reducción de las actuales ratios alumno-profesor, una actuación “esencial” para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades competentes en la materia.
A nuestro juicio, el documento carece de legitimidad y solo podemos valorarlo como el borrador de una futura norma que, en cualquier caso, deberá negociarse por imperativo legal con las centrales sindicales representativas del sector, antes de su publicación, ya que afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado.
En ese sentido, recordamos que según el artículo 33 del Estatuto Básico del Empleado Público, “la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo previsto en este capítulo”.
A pesar de ello, la nueva consejera del área, Manuela de Armas, no ha respondido a las reiteradas solicitudes de reuniones planteadas por este sindicato desde que tomó posesión del cargo, hace ya un mes. En cambio, sí ha mantenido encuentros con otras plataformas, como la que agrupa a los directores. Consideramos que estas reuniones son “recomendables y loables”, y que todas las vías de diálogo que se establezcan contribuyen a la mejora de nuestro sistema educativo, pero no pueden sustituir a las mesas de negociación con los sindicatos, que son las únicas entidades con legitimación jurídica para negociar las condiciones laborales del profesorado. Los sindicatos han sido elegidos por los docentes para defender sus intereses, pero el Gobierno ahora mismo les está hurtando ese derecho. No es que no se esté negociando con nosotros, es que ni siquiera se nos informa; nos parece gravísimo y algo inaudito.
Lamentamos que las "noticias" sobre el inicio de curso lleguen a cuentagotas o a través de los escasos docentes que están presentes en alguna de las plataformas con las que la Administración ha decidido sentarse a dialogar. Según las informaciones que han trasladado estos profesionales a nuestro sindicato, la consejera informó en esos encuentros que ya está elaborado el protocolo para la apertura de los centros en septiembre y que en estos momentos está siendo valorado por el Comité de Sanidad y Salud Pública para que se le dé el visto bueno. Asimismo, también según estas fuentes y los medios de comunicación, el inicio de curso se plantea para el 15 de septiembre y no habrá disminución de las ratios alumno-profesor porque se primará el establecimiento de los "grupos burbuja".
En ese sentido, los propios directivos nos han advertido de la imposibilidad de mantener esos "grupos burbuja" en centros a los que asisten diariamente entre 500 y 1.000 personas. Las aulas no permiten un distanciamiento adecuado prácticamente en ningún caso y el hecho de que coincidan tantos alumnos en espacios cerrados es un riesgo, según sabemos por las autoridades sanitarias. A ello se une, por otro lado, que nadie puede garantizar que esos alumnos no se contagien cuando no están dentro del centro, lo que incrementa significativamente las posibilidades de rebrotes si dentro de las aulas no estás manteniendo las medidas de distanciamiento físico recomendables.
Apostamos por la presencialidad el próximo curso, pero insistimos en la necesidad de que se cuente con garantías. Si la nueva normalidad educativa es exactamente igual que la vieja, ¿cuánto tardaremos en tener que volver a cerrar los centros? No podemos permitir que los centros educativos sean focos de contagios simplemente porque no hemos sido capaces de hacer una mínima planificación. No se lo merece la comunidad educativa ni la sociedad canaria. Ya lo dijo el presidente de Canarias: el sistema público no podrá costear otro confinamiento masivo.